Alejandro Chanona, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Grupo de Reflexión sobre Perspectivas Globales de Desarrollo.
Los esfuerzos por implementar un desarrollo sustentable han fracasado sobre todo porque no se ha modificado el paradigma económico predominante y el capitalismo desenfrenado está reñido con cualquier modelo sustentable. Corresponde al Estado ser el principal impulsor de la sustentabilidad, fomentando una amplia alianza con la sociedad civil y el mundo de los negocios para promover con decisión un modelo de desarrollo viable.
La dificultad para alcanzar las metas de desarrollo y bienestar humano radica en el fracaso del paradigma económico dominante, lo que nos plantea el problema de cambiar el capitalismo desde dentro o desde fuera. Nuestra respuesta es que debe ser desde dentro. Las crisis económicas recurrentes han puesto de manifiesto la debilidad de los principios en los que se apoya el modelo neoliberal. Sin embargo, sus principios se siguen imponiendo como el único camino hacia el desarrollo.
En los dos últimos decenios la economía mundial ha sido golpeada por reiteradas crisis con un denominador común: la especulación en los mercados financieros que lleva a inversiones en instrumentos especulativos y de alto riesgo. A la larga, los excedentes de capital y las normas poco rigurosas generaron burbujas y un sobrecalentamiento de la economía que desembocaron en crisis.
La brecha entre el discurso y los actos
A partir de la publicación del Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland) en 1987, el término “desarrollo sustentable” se convirtió en un referente para la comunidad internacional. Teniendo como antecedentes la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 y el Informe de la Comisión Independiente sobre Problemas Internacionales del Desarrollo (Comisión Brandt), la Comisión Brundtland definió el desarrollo sustentable como “aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
El impulso del concepto se dio en la Cumbre de la Tierra de 1992, con la adopción de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y el Programa 21. En estos dos documentos, los países firmantes se comprometieron a procurar el crecimiento económico ciñéndose a directrices para el desarrollo sustentable. Más adelante, en el seno del Consejo Económico y Social de la ONU, se estableció la Comisión sobre el Desarrollo Sustentable como organismo encargado del seguimiento de los acuerdos.
El concepto de sustentabilidad explora la relación entre el desarrollo económico, la calidad ambiental y la equidad social. Incluye una perspectiva de largo plazo y un enfoque integral de la acción, que reconoce la necesidad de que todas las personas participen en el proceso. De acuerdo con la Comisión Brundtland: “el desarrollo sustentable es un proceso dinámico de cambio en el que la explotación de los recursos, el destino de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional se hacen considerando las necesidades del futuro además de las del presente”.
Sin embargo, al hacer un balance de los avances del paradigma se constata que existe una amplia distancia entre el discurso y las acciones. La revisión de los documentos emanados de las diversas Cumbres de Naciones Unidas dedicadas al desarrollo dan cuenta de que desde la Cumbre de Río, el discurso a favor del desarrollo sustentable se ha mantenido acompañado de nociones como la de desarrollo humano y seguridad humana.
Ello no significa que la noción se haya fortalecido y que sea prioridad en las agendas internacionales. Al contrario, la promoción de este paradigma ha sufrido serios altibajos resultado de diversos factores que van desde las diferencias de percepciones entre el Norte y el Sur sobre las prioridades y el financiamiento, pasando por la reducción al “mínimo aceptable por todos” de las metas, hasta llegar a la preeminencia de la agenda de seguridad tradicional a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 a Washington y Nueva York.
Al mismo tiempo, los países desarrollados han dejado de lado la noción de “sustentable” para favorecer su crecimiento económico y mantener los patrones de consumo excesivo de su población. En tanto que en los países en desarrollo, el cuidado del medioambiente no necesariamente ha sido una prioridad, además que ha primado la lógica de buscar primero el crecimiento y después el desarrollo. Así, a pesar de que en el marco de Naciones Unidas, los Estados se han manifestado a favor del desarrollo sustentable, no ha existido la voluntad política de llevar adelante un programa integral que permitiera implementarlo en todo el planeta.
Por otra parte, la amplitud, multidimensionalidad y alcances en materia económica, social y ambiental del paradigma del desarrollo sustentable, aún están lejos de ser entendidos, tanto por los tomadores de decisiones de los Estados, como por la población en general. Si bien desde Naciones Unidas se ha insistido en los tres pilares del proceso y diversas ONG trabajan para promover su carácter multidimensional, la idea de sustentabilidad se ha asociado fundamentalmente con la protección del medio ambiente. Este enfoque ha tomado un renovado impulso en los últimos años debido a los desastres naturales, el calentamiento global y los retos de la transición energética. Así, por ejemplo, el tema de la economía verde se ha posicionado dentro de las prioridades de la agenda del desarrollo sustentable.
Es preciso comprender estas circunstancias en el marco de un sistema internacional que incorporó los postulados neoliberales como paradigma para el desarrollo. De acuerdo a esta visión, la democracia electoral y la libertad de los mercados traerían consigo el ansiado bienestar; por lo que los Estados debían replegarse de sus funciones y dejar actuar a las fuerzas del mercado. Este modelo demostró sus límites muy pronto, de la mano de las recurrentes crisis económicas y de la ampliación de las brechas sociales que han puesto a la globalización frente a una verdadera crisis ética.
De Río a la Declaración del Milenio: buenas intenciones, pobres resultados
Los antecedentes del movimiento a favor del desarrollo sustentable y de ubicar a la persona en el centro de los esfuerzos del desarrollo, se remontan a las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, con el establecimiento de las Comisiones Independientes sobre los Asuntos Internacionales del Desarrollo (Comisión Brandt), de Desarme y Asuntos de Seguridad (Comisión Palme) y de la ya mencionada Comisión Brundtland.
Sería en la primera mitad de la década de 1990 cuando los temas del desarrollo adquirieron particular relevancia, lo que se reflejó en la serie de Cumbres realizadas y en el surgimiento de los conceptos de desarrollo humano y seguridad humana, íntimamente vinculados con la idea del desarrollo sustentable. El fin de la Guerra Fría permitió ampliar de la agenda internacional y la incorporación de los llamados “nuevos temas” que abarcaron tanto a la agenda de desarrollo como a la de seguridad.
En realidad, se trataba de fenómenos que se encontraban allí desde decenios atrás, pero la contienda ideológica bipolar los había relegado a un segundo plano. Desde la perspectiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la brecha entre el Norte y el Sur se había profundizado a causa del paradigma que consideró que el crecimiento económico traería automáticamente más beneficios para la sociedad y que privilegió el ajuste estructural por encima del tema del desarrollo.[1] De esta manera desde Naciones Unidas se impulsó una nueva agenda para el desarrollo que tenía la meta de enfrentar las grandes desigualdades que se reflejaban, por ejemplo, en las crisis humanitarias en África y el legado de “la década perdida” en América Latina. Lo curioso es que a pesar de estas críticas el modelo neoliberal se fortaleció aún más, y fue en su marco que se pretendió impulsar el paradigma del desarrollo sustentable.
En 1990 se celebraron la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos y la Segunda Conferencia de las Naciones sobre los Países Menos Adelantados. Ese mismo año, con un grupo de especialistas como Mahbub ul Haq y Amartya Sen, el PNUD propuso un concepto alternativo: el enfoque de desarrollo humano, que se define como un proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas (la diversidad de cosas que las personas pueden ser o hacer en la vida) y las libertades, para que las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso al conocimiento y a un nivel de vida digno, y participar en la vida de su comunidad y en las decisiones que afectan sus vidas.[2]
El concepto de desarrollo sustentable tomó impulso definitivo en 1992 con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro. La Cumbre, a la que acudieron 108 Jefes de Estado tuvo como resultado la adopción de tres documentos generales (la Declaración de Río, el Programa 21 y los Principios sobre Bosques); el establecimiento de la Comisión de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable; y la firma de las Convenciones sobre cambio climático, diversidad biológica y desertificación.
La Declaración de Río incluye 27 principios para las acciones relativas al desarrollo sustentable, que tocaban temas de tanto peso como las políticas de prevención, las responsabilidades comunes pero diferenciadas y el principio de que “quien contamina paga”. Asimismo, la inclusión por primera vez del principio del derecho al desarrollo (Principio 3) significó la afirmación, por vez primera, de este derecho en un instrumento internacional aprobado por consenso. Por su parte, los 40 capítulos del Programa 21 brindan un amplio marco de acción para lograr la transición al desarrollo sustentable y medir los avances hacia esa meta[3].
Cabe señalar que uno de los aspectos más importantes de la Conferencia fue la decisión de promover un movimiento social de amplia base a favor de este modelo. La Cumbre fue pensada para tener impacto en las instituciones internacionales, los gobiernos nacionales y locales, el sector privado y la sociedad civil organizada alrededor el mundo. De esta manera, la CNUMAD fue la primera conferencia internacional que permitió pleno acceso a una cantidad de organizaciones sociales y contribuyó al desarrollo de una cumbre independiente.[4]
Siguiendo con la tendencia de situar a las personas como eje del desarrollo, en su Informe sobre Desarrollo Humano de 1994, el Programa de Desarrollo de la ONU propuso una nueva visión de la seguridad que desafía a la perspectiva tradicional centrada en los Estados y su componente militar. La seguridad humana significa estar libres de las constantes amenazas del hambre, la enfermedad, […] y la represión [...y] protección contra perturbaciones repentinas y perjudiciales en la pauta de nuestras vidas cotidianas.[5] El concepto se funda en la lógica del desarrollo humano y abarca la seguridad económica, política, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal y comunitaria.
Ese mismo año se llevó a cabo en Bridgetown, Barbados, la Conferencia sobre el Desarrollo Sustentable de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID). Fue la primera conferencia que trasladó el Programa 21 a un plan de acción para un grupo de países. El Programa de Acción de Barbados (BPoA, en inglés) y la Declaración de Barbados establecieron las acciones y medidas específicas que debían llevarse a cabo a nivel nacional, regional e internacional para apoyar el desarrollo sustentable de los PEID.[6]
De esta manera, los primeros años de la década de 1990 en el seno de las Naciones Unidas emergió un movimiento para el desarrollo centrado en el bienestar y la dignidad de las personas. El interés de la comunidad por estos temas se reflejó en la realización de varias reuniones internacionales dedicados a la alimentación (Conferencia Internacional sobre Nutrición en 1992 y Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996), derechos humanos (Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993), población (Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en 1994, y CIPD+5 en 1999), vivienda (Segunda Conferencia de la ONU sobre los Asentamientos Humanos, o Hábitat II, en 1996) e igualdad de género (Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995 y Beijing+5 en 2000).
Entre los aspectos destacados de las Declaraciones y Planes de Acción que surgieron de estos encuentros destacan: a) la insistencia en la importancia de colocar a las personas en el centro del proceso de desarrollo; b) la necesidad de impulsar un programa integral para satisfacer las necesidades humanas básicas; c) el compromiso de reducir las desigualdades y facilitar modos de vida sustentables; y d) la promoción de la sustentabilidad ambiental, especialmente en las cumbres sobre la población y la vivienda.
En este sentido, por ejemplo, la Declaración emanada de la Cumbre de Copenhague sobre Desarrollo Social reconoce que: “el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son componentes del desarrollo sustentable interdependientes y que se fortalecen mutuamente, lo cual constituye el marco de nuestros esfuerzos encaminados a lograr una mejor calidad de vida para todas las personas”.[7]
En 1997, en cumplimiento del acuerdo logrado en la Cumbre de Río, se celebró en Nueva York el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU (Cumbre para la Tierra + 5).[8] El objetivo era evaluar los avances desde la Cumbre de Río y fijar prioridades para el futuro. Sobre la base de los informes preparados para el período de sesiones, los gobiernos reconocieron que el medio ambiente global se había seguido deteriorando, los recursos renovables se seguían usando a un ritmo claramente insustentable, la cantidad de personas que vivían en la pobreza había aumentado y las brechas entre los ricos y los pobres se habían ensanchado, tanto al interior de los países como entre éstos.
Además, las diferencias entre Norte y Sur dominaron las discusiones. No se cumplieron los compromisos que los países donantes asumieron en Río de incrementar la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y transferir tecnologías ecológicamente racionales. Más bien, la AOD había disminuido de un promedio del 0,34% del PIB de los países donantes en 1991 a un 0,27% en 1995.[9]
A consecuencia de estas divisiones, el documento final de la sesión (Plan para la Ejecución Ulterior del Programa 21) incluyó una cantidad mínima de nuevos compromisos para la acción. Si bien no se asumieron compromisos financieros concretos, los gobiernos acordaron una declaración general que manifestaba que los países desarrollados deberían cumplir con los compromisos asumidos en Río con relación a la AOD y se que deberían “intensificar los esfuerzos” para revertir la tendencia descendente observada desde 1992.[10]
Al final de la década de 1990, la crisis ética de la globalización económica neoliberal resultó más evidente. Las desigualdades sociales cada vez mayores, tanto entre Norte y Sur como dentro de los países, el debilitamiento del Estado como garante del bien común y la reiteración de crisis económicas se volvieron el nuevo Leviatán.
Junto con las crisis llegaron los movimientos de justicia social que sostenían que “otro mundo es posible”. Sus primeras grandes manifestaciones públicas tuvieron lugar en la ciudad de Seattle, en el marco de la “Ronda del Milenio” de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en noviembre de 1999. A partir de ese momento, todas las Cumbres que reunieron a las grandes potencias económicas mundiales, así como a las instituciones financieras internacionales, se convirtieron el objetivo de las manifestaciones del movimiento. Su presencia en cumbres internacionales, como la de Bangkok y la Cumbre del G-7 en Okinawa en el 2000, hizo conocer al movimiento por la justicia social como un nuevo actor en un escenario internacional nuevo y complejo.
En 2000, las 189 naciones reunidas en la Cumbre del Milenio hicieron reiteradas declaraciones sobre la desigualdad mundial, la pobreza, la salud y la nutrición. También mencionaron temas fundamentales como la reforma de la ONU, la lucha contra el VIH/SIDA, la educación, la protección del ambiente, la seguridad internacional, y concretamente, las guerras entre etnias en África. La propia declaración final de la Cumbre manifestaba la crisis ética de la política internacional y la economía del nuevo milenio. Según la Declaración del Milenio, los líderes mundiales no escatimarían esfuerzos por liberar a la humanidad de la guerra, la pobreza extrema, la amenaza de desastres ambientales, y en promover la democracia y el Estado de Derecho.
En teoría los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y sus 21 metas obedecen a la lógica de fomentar el desarrollo humano. En los hechos, las metas se redujeron a los “mínimos aceptables para todos”. Es el caso de la reducción de la pobreza sobre la base del ingreso, al considerarse que una persona ya no es pobre si vive con USD1.25 por día; o la educación, al limitar la meta para que solo abarque la educación primaria.
El séptimo ODM es “garantizar la sustentabilidad del medio ambiente”. Sin embargo, la incorporación de los principios del desarrollo sustentable en las políticas y los programas nacionales, y la reducción de la pérdida de recursos del medio ambiente (Meta 7A) son compromisos que ya se habían establecido en la Cumbre de la Tierra de 1992. Asimismo la Meta 7B, que entre otras cosas se refiere a la pérdida de diversidad biológica, deforestación y emisiones de dióxido de carbono, no definió compromisos sobre niveles de reducción concretos.
De Johannesburgo a Río+20: entre la Guerra al Terrorismo y la calamidad ambiental
En 2001 se llevó a cabo en Porto Alegre, Brasil, el primer Foro Social Mundial, que congregó al movimiento mundial por la justicia social. Se trató de un ejercicio en paralelo al foro “Por una construcción ciudadana del mundo” en París. En ambos casos la meta era analizar la situación actual y proponer alternativas a las formas predominantes.[11] La sociedad civil ha contribuido decididamente a la promoción del desarrollo sustentable. El intercambio de ideas y conocimientos permite unir esfuerzos a nivel internacional, al tiempo que estos movimientos alientan cambios desde el nivel local a través del trabajo directo con las personas.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York significaron el regreso de la realpolitik a la agenda internacional. La lucha contra el terrorismo se convirtió en la prioridad, no sólo de Estados Unidos, sino de todas las agendas internacionales, eclipsando la agenda de desarrollo.
El mundo se polarizó a partir de la lógica del “están conmigo o contra mi” de la administración George Bush. Estados Unidos reconfiguró sus sistemas de seguridad y defensa y, con apoyo de las Naciones Unidos, emprendió la guerra contra Afganistán. De esta manera, a la crisis ética de la globalización neoliberal se unió la crisis coyuntural de la seguridad.[12]
Un año después se celebró en Monterrey, México, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. El Consenso de Monterrey insta a los países desarrollados a adoptar medidas concretas a fin de canalizar el 0,7% de su PIB como AOD para los países en desarrollo, y destinar entre el 0,15 y el 0,20% de su PIB para los países menos adelantados; objetivos que fueron reafirmados en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados. El documento no establecía objetivos claros en lo que refiere a la cantidad de recursos que deberían usarse para fomentar el desarrollo por medio de la inversión extranjera directa y otros flujos de capitales privados.[13]
Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que los avances en materia de desarrollo sustentable durante la década de 1990 habían sido decepcionantes. La pobreza y la exclusión social aumentaron al igual que la degradación del ambiente. Por este motivo, además de hacer su habitual balance de los progresos del Programa 21, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable (Río+10) celebrada en Johannesburgo fue pensada como una “cumbre centrada en la aplicación de medidas”.
Sin embargo, otra vez fue imposible lograr acuerdos concretos sobre nuevos tratados ni renegociar el Programa 21. Se establecieron algunas metas, como por ejemplo reducir a la mitad el número de personas que no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento para 2012, y lograr una reducción importante en la pérdida de diversidad biológica para 2010. Mientras tanto, los temas relacionados con la AOD y la transferencia de tecnología del Norte al Sur siguieron generando grandes divisiones entre los países.
Ese año en la Cumbre del Grupo de los Ocho (G8) en Gleneagles, Escocia, los países más desarrollados del mundo se comprometieron a aumentar los fondos para AOD de USD80 mil millones en 2004 a USD 130 mil millones (a precios constantes de 2004) para 2010, equivalente al 0,36% del producto nacional bruto combinado.
Los claroscuros se convirtieron en una constante en las reuniones dedicadas a los temas del desarrollo, al tiempo que se privilegiaba agenda tradicional de seguridad unida a problemas de terrorismo y delito organizado internacional, especialmente por la agudización de la guerra en Afganistán y la desastrosa guerra en Irak. En este escenario las diversas crisis del sistema empezaron a confluir.
Por un lado, la crisis ecológica empezó a ser cada vez más evidente con el aumento de desastres naturales y conflictos por los recursos como el de Darfur, todo ello producto del calentamiento global. En 2007, a iniciativa de Gran Bretaña, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discutió el asunto, que adquirió notable importancia por estar irremediablemente asociado a los problemas de seguridad a todos los niveles. A esto debemos agregar los desafíos de la transición energética —desde el agotamiento de los combustibles fósiles hasta la necesidad de fomentar los combustibles alternativos para no seguir dañando el ambiente— y la crisis alimentaria, vinculada no solo al acceso a los alimentos sino también a su calidad y a sus precios, que nivel mundial aumentaron considerablemente a partir de 2005.
Finalmente, presenciamos la que es considerada como la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929. La crisis actual se originó en el mismo centro del capitalismo con la burbuja de las hipotecas y el colapso de instituciones financieras tan emblemáticas como Lehman Brothers. Muy pronto la crisis se expandió a todo el mundo, al igual que sus repercusiones sociales. Sin embargo, dado que se originó directamente en el centro de la economía mundial, generó una importante reflexión sobre la necesidad de redefinir la relación entre el Estado y el mercado, así como de regular la economía. En efecto, contrario a las crisis económicas de las décadas anteriores, esta vez la salida a la crisis y las respuestas ante los retos de la misma se encuentran nuevamente en el Estado.
Cabe señalar que, además de poner en riesgo el cumplimiento de las Metas del Milenio al arrojar a millones de personas alrededor del mundo a la pobreza y el desempleo, la crisis económica impactó la ya de por sí lastimada cifra de ODA. En 2009 la cantidad destinada para AOD por los 23 miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE era USD120 mil millones, lo que significa una caída del 2,2% nominal con relación a 2005. En consecuencia, el déficit para 2010 con relación a la meta de Gleneagles fue de USD18 mil millones. Solo cinco países (Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos y Suecia) tienen una proporción de AOD a ingreso nacional bruto que supera la meta de ayuda de la ONU del 0,7%.
Conclusiones
La falta de ética de la economía internacional, particularmente de los mercados financieros, se nutre asimismo, de una ausencia de normas y reglamentaciones, que a su vez impulsan la especulación. El modelo neoliberal favorece la búsqueda de ganancias fáciles y de corto plazo. Esta situación también está en la raíz de las diferentes crisis económicas, la desigual distribución de la riqueza y el aumento del número de personas que viven en la pobreza extrema.
El modelo socioeconómico predominante en el mundo ha reducido su visión sobre el desarrollo humano, que sin duda era más rica en sus inicios desde el Informe Brundtland y los objetivos de la Cumbre de la Tierra. Hoy en día se ha encogido a un mínimo que se acerca más a una excusa moral que a una verdadera voluntad por solucionar el problema.
Por eso, los progresos en la agenda del desarrollo sustentable han sido graduales y limitados. Dependen directamente de la voluntad política de los Estados, no solo para acordar acuerdos sobre objetivos, recursos y cronogramas, sino también para su ejecución, evaluación y seguimiento. Los países desarrollados apuestan a objetivos y metas mínimos, al tiempo que evitan establecer objetivos, metas y compromisos más concretos y ambiciosos.
El crecimiento económico y la estabilidad monetaria no equivalen por sí mismos a menos pobreza. En tanto no se solucionen los problemas estructurales de la distribución inequitativa de los ingresos y la riqueza, será muy difícil hacer progresos en la lucha contra el hambre y reducir la pobreza, y se reduce la capacidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio o cualquier otro. Debe precisarse que, además de que es imprescindible aumentar la AOD, si en realidad queremos reducir las desigualdades actuales se necesitan indicadores más precisos para medir la pobreza en el mundo. El problema radica en que todo el sistema de monitoreo e indicadores es parte del actual paradigma de crecimiento económico y responde a su discurso.
La comunidad liberal en la que se ha inscrito el mundo actual, y su visión de la economía mundial, ha generado una narrativa en la que las personas interpretan su entorno y otorgan sentido a sus condiciones de vida particular y social. Por ello es importante modificar esta narrativa que permita que los líderes mundiales, jefes de estado o de gobierno, reformular su interpretación de la realidad y por tanto, la forma de diseñar y evaluar las políticas públicas.
Por este motivo, el cambio de paradigma debe acompañarse un renovado marco discursivo-conceptual y el desarrollo de nuevos indicadores para medir el bienestar social. Cualquier cálculo de los progresos en materia de desarrollo y bienestar social debe ir más allá de la metodología encerrada en una versión económico-monetarista que reduce los fenómenos complejos y multidimensionales como la pobreza a una construcción conceptual estrecha de la cual se derivan indicadores mínimos. Por ello debe continuar la discusión sobre la definición de nuevos objetivos de desarrollo, que vayan más allá de las categorías del crecimiento económico. Se necesita un nuevo conjunto de indicadores de la pobreza y otros problemas, que signifiquen una profunda redefinición de la sociedad internacional, el Estado y la propia humanidad.
La crisis actual por lo que atraviesa el sistema internacional en su conjunto abre la posibilidad de repensar la relación entre Estado y mercado y el paradigma neoliberal que ha predominado por varios decenios. Como señaló en su momento el Informe Brundtland: “En última instancia, el desarrollo sustentable dependerá de la voluntad política de los gobiernos que deben tomar decisiones críticas en materia económica, ambiental y social”.
Notas:
[1] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Orígenes del enfoque de Desarrollo Humano”, .
[2] Ibid.
[3] Cfr Naciones Unidas, Rio Declaration on Environment and Development: application and implementation Report of the Secretary-General, (E/CN.17/1997/8), Comisión de Desarrollo Sustentable, Quinta Sesión, (7-25 de abril de 1997).
[4] La cumbre brindó acceso total a una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y propició el desarrollo de una Cumbre de la Tierra, independiente, en un local cercano. Cfr. Robert W. Kates, Thomas M. Parris, and Anthony A. Leiserowitz, “What is sustaibable development?, Goals, Indicators, Values and Practice”, Environment: Science and Policy for Sustainable Development, vol. 47, núm 3, 2005.
[5] PNUD, “Nuevas dimensiones de la seguridad humana”, Informe de Desarrollo Humano, 1994.
[6] Ambos documentos detallaban quince áreas prioritarias para la acción: cambio climático y alza del nivel de los mares; desastres naturales y ambientales; gestión de desechos, recursos marinos y costeros; agua dulce; recursos terrestres; energía; turismo; biodiversidad; instituciones nacionales y capacidad administrativa; instituciones regionales y cooperación técnica; transporte y comunicaciones; ciencia y tecnología; desarrollo de recursos humanos; e implementación, monitoreo y análisis. Cfr. UNESCO, Intersectoral Platform for Small Island Developing States, From Barbados to Mauritius, .
[7] Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social, adoptada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague, 1995, .
[8] Asamblea General de la ONU, Plan para la Ejecución Ulterior del Programa 21, adoptado en el período especial de sesiones de la Asamblea General, Cumbre para la Tierra + 5, (Nueva York: 19 de septiembre de 1997).
[9] Departamento de Información Pública de la ONU, Earth Summit Review Ends with Few Commitments (La Cumbre para la Tierra culmina con pocos compromisos), comunicado de prensa, (Nueva York: 27 de junio de 1997).
[10] Ídem
[11] A través del Foro Social Mundial el movimiento por la justicia social ha logrado definir las metas de su activismo traduciéndolo en “el modelo de una sociedad alternativa”, cuyos fundamentos son: el respeto por la dignidad de cada ser humano; la defensa del patrimonio común de la humanidad; la promoción de la democracia, la sustentabilidad ambiental, el ejercicio de la no violencia, el respeto por la identidad y la diversidad; el poner la economía al servicio de los seres humanos; la defensa del derecho a la cultura; la solidaridad entre los pueblos y las personas; y la creación de estructuras sociales que permitan a las personas vivir en condiciones de libertad, igualdad y fraternidad. “Carta de Principios del Foro Mundial Social” en Foro Social Mundial, (8 de junio de 2002), .
[12] Alejandro Chanona, “El sistema internacional: viejos dilemas y nuevos retos. La crisis de septiembre de Estados Unidos y su gran oportunidad”, en José Luis Valdés-Ugalde y Diego Valadés, comps., Globalidad y Conflicto. Estados Unidos y la crisis de septiembre, Editorial UNAM, CISAN, IIJ, (Ciudad de México, 2002), pp. 65-73.
[13] Organización de las Naciones Unidas, Proyecto de documento final de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, (Monterrey, México: 18-22 de marzo de 2002),
Equipo editorial
Colectivo Platense Río+20